El Bicentenario de la gran democracia de Costa Rica
Rodolfo Solano Quirós*
*Ministro
de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica
En 2021, Costa Rica está celebrando
el Bicentenario de su Independencia. A partir del Acta de Independencia de
1821, nuestro país se ha caracterizado, desde un principio, por una clara
vocación institucional.
Desde el comienzo de formación del
estado costarricense se consignó expresamente una norma para el país que aún
sigue siendo una guía fundamental de conducta, tanto en el ámbito interno como
en sus relaciones exteriores, y que establece que Costa Rica “reconoce y
respeta la libertad civil, propiedad y demás derechos nacionales y legítimos de
toda persona y de cualquier pueblo o nación”.
Hoy, doscientos años después, este
pequeño pero ambicioso país centroamericano ofrece al mundo una prueba efectiva
de que es posible vivir en paz, con libertad y democracia y respeto al
ambiente, a pesar de no contar con grandes recursos económicos y de enfrentar
todavía importantes retos y desafíos.
A lo largo de su vida independiente,
Costa Rica ha atribuido un singular valor a la paz y a la armonía. Confirmando esta
vocación de paz, en 1949 fue proscrito constitucionalmente el ejército
nacional. El apego a la institucionalidad ha sido otra característica
fundamental del ser costarricense. El país siempre acude a la institucionalidad
del Derecho Internacional, como único mecanismo válido para la promoción y
defensa de los valores universales que toda la comunidad internacional debe
acometer. Creemos firmemente en plataformas de negociaciones, arbitrajes y procesos
jurisdiccionales y, ante organismos internacionales hemos apoyado efusivamente
la causa del desarme, especialmente en el ámbito nuclear.
El respeto a los derechos humanos,
tan claramente enunciado en 1821, ha caracterizado la existencia de nuestro
país. Hitos tempranos de ese respeto fueron, entre otros, la declaratoria de la
educación primaria como gratuita y obligatoria en 1869 y la consagración
constitucional de la abolición de la pena de muerte en 1882. Costa Rica fue la
proponente de la creación de la Corte de Justicia Centroamericana, primer
tribunal permanente de Derecho Internacional Público, y primer tribunal
internacional de Derechos Humanos de la historia, que se inauguró en la ciudad
de Cartago en 1908. Estuvo entre los países que en 1948 adoptaron
incondicionalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es parte
de los principales instrumentos internacionales sobre esa materia. La
Convención Americana de Derechos Humanos se firmó en nuestra capital San José, y
en ella sigue teniendo su sede la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En
foros internacionales y regionales, Costa Rica ha defendido de manera
inclaudicable la causa de los derechos y libertades fundamentales, y fue activa
promotora de la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre
Derechos Humanos. Nuestra Sala Constitucional incluso ha declarado que en Costa
Rica los convenios internacionales sobre Derechos Humanos tienen un rango
jerárquico superior al de la Constitución nacional.
En los últimos decenios, Costa Rica,
dueña de una gran diversidad biológica, también se ha comprometido firmemente
con la protección del ambiente. Una parte importante del territorio nacional
está compuesta por parques nacionales y áreas protegidas, y en su acción
exterior el país atribuye gran importancia a la lucha contra el cambio
climático y la degradación ambiental. Recientemente se lanzó oficialmente la Coalición
de Alta Ambición para la Naturaleza y las Persona, cuya meta es conservar el
30% de la superficie terrestre y marina para el 2030, detener la pérdida masiva
de especies y proteger ecosistemas clave para el bienestar humano y de la
naturaleza.
Todos estos aspectos le han dado un
cimiento sólido a la política exterior de Costa Rica, que llega al Bicentenario
como un caso singular de una democracia desarmada, institucionalmente
sólida, respetuosa del medio ambiente, pionera en derechos humanos y
propositiva a nivel internacional. Un caso único en el mundo.
En estos momentos, el país tiene una especial oportunidad para la
proyección de los valores y principios que sustentan su vida interna y su
política exterior, ya que encabeza dos importantes esfuerzos de concertación
regional. En efecto, actualmente ostenta las presidencias rotativas de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), y del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
En la CEPAL, la presidencia costarricense, iniciada en agosto 2020, se
ha fundamentado en los principios de cooperación internacional, solidaridad y
promoción de los derechos humanos, y se concentra también en la coordinación y la
cooperación política regional, la cooperación con las instituciones financieras
internacionales, el apoyo al Sistema de las Naciones Unidas y el resguardo del Derecho
Internacional y los Derechos Humanos.
Para la presidencia del SICA, asumida en enero 2021, Costa Rica ha
definido como ejes prioritarios de acción la equidad de género y los derechos
humanos, especialmente de las poblaciones más vulnerables; la recuperación
económica y social de la región después de la pandemia; la salud y la seguridad
alimentaria y nutricional, y la promoción de la ciencia, la tecnología, la creatividad
y la innovación, con particular énfasis en la gestión integral del riesgo y la
lucha contra el cambio climático. Costa Rica además considera que una mayor y
efectiva integración de los países miembros del Sistema apareja beneficios sustanciales.
También se gestiona dinamizar el trabajo que Costa Rica realiza con los países
observadores y socios de cooperación del SICA, y el impulso a las propuestas
costarricenses de crear un fondo especial para la recuperación regional.
En estas y otras instancias internacionales en las que Costa Rica
participa, mantiene su apego a los principios que han dado una identidad propia a su política
exterior. Convencida de la importancia que tiene el multilateralismo para el
mantenimiento de la paz y el desarrollo de la cooperación entre los pueblos, el
país ha estado muy presente en la arena
multilateral, proponiendo la implementación de la iniciativa C-TAP (Covid-Technology Access
Pool) dentro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual
consiste en un repositorio común de los derechos de las tecnologías que
han ido desarrollando los países y que son útiles para la detección,
prevención, control y tratamiento de la pandemia provocada
por el COVID-19, con el objetivo de asegurar acceso
equitativo para la atención de la crisis.
Costa Rica se propone iniciar su
tercer siglo de vida independiente aportando nuevas iniciativas que, reflejando
esos mismos valores, respondan también a las cambiantes necesidades de nuestro
mundo y la importancia de resolver con entusiasmo, responsabilidad y sentido de
innovación los desafíos que nos aguardan.
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