Necesario debate por ratificación de Acuerdo de Escazú

 Necesario debate por ratificación de Acuerdo de Escazú

Por Ricardo Sánchez Serra

El tema del Acuerdo de Escazú hay que abordarlo sin apasionamientos ideológicos y más bien con argumentos técnicos, aunque la política no esté ausente.

¿Cuál es el apuro de aprobarlo ahora, cuando tiene que realizarse un debate a profundidad? En estos momentos la opinión pública está completamente distraída y abocada en cómo vencer la pandemia causada por el covid-19, en no contagiarse y en caso de hacerlo cómo conseguir una cama en la UCI o por lo menos en ingresar a un hospital, porque la triste realidad, es que nos encontramos en grave crisis sanitaria.

En estas condiciones, el país necesita tranquilidad, unidad de los peruanos y este tema no lo brinda, por los apasionamientos de las diferentes posiciones, e igual sucedería con el tema de la firma y aprobación de la Convención del Mar. No es conveniente que se debatan ahora. Hoy, reitero, la agenda prioritaria es vencer al Covid-19 y la recuperación económica.

Entrando al tema que nos convoca, mi primera observación o suspicacia es ¿por qué firma el Acuerdo la ministra del Ambiente?

La tradición diplomática es que el presidente de la República lo delegue en su Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo firme el canciller o la persona que designe. Pero, en fin, es prerrogativa del mandatario.

El Acuerdo de Escazú tiene categoría de tratado, y fue enviado al Congreso, porque en armonía con el artículo 56 de la Constitución Política del Perú, involucra materias de derechos humanos y, principalmente, soberanía, además de posibles obligaciones financieras.

Es posible que otros países necesiten este tipo de acuerdos por su incompleta legislación interna, pero el Perú no lo necesita. Tenemos las suficientes normas jurídicas externas e internas, para defender el medio ambiente, los recursos naturales, el acceso a la información y la judicialización de los casos. Tenemos normas de vigilancia ambientales del Poder Judicial o de la Defensoría del Pueblo. Sería repetitivo mencionar todas las normas, que son de público conocimiento. En la legislación interna se encuentra lo que busca el Art. 1 del Acuerdo. En resumen, el Perú ha hecho los esfuerzos y las condiciones suficientes para estar dentro de los estándares internacionales de defensa del medio ambiente y en este caso vinculado al cumplimiento de los derechos humanos.

Este nuevo acuerdo si se ratifica acarreará, asimismo, obligaciones internacionales, como señaló la Cancillería a la Comisión de Relaciones Exteriores y estará sujeto a responsabilidad internacional en caso de incumplimiento.

En este sentido, para absolver todas las inquietudes no solo de los peruanos, organizaciones, sino de cualquier “persona”, el Estado tendría que tener un gigantesco aparato burocrático para absolverlas, y todavía con plazos perentorios, por lo que no hay forma de evitar el abuso del derecho, y con ingentes costos, que hoy se necesitan para invertirlos en combatir el covid-19. Será un guirigay legal, que, además, las decenas de normas peruanas tendrán que adaptarse al acuerdo superior que es un tratado, de acuerdo a la Constitución.

El hecho que cualquier “persona” pueda pedir información, oponerse, paralizar el proyecto o dilatarlo, atenta contra la propiedad privada de las comunidades dueñas de los recursos y la inversión, vulnerando el desarrollo comunitario y nacional. Igualmente, ese derecho de propiedad privada será vulnerado por el principio precautorio, lamentablemente sin necesidad de evidencia científica. Esta obstrucción la pueden realizar extremistas ambientalistas, competidores, y hasta países interesados (directa o indirectamente), que nos lleven a un tribunal extraterritorial. Y lo absurdo es que ante una denuncia de afectación del medio ambiente se invierte la carga de la prueba.

Espada de Damocles

Y otra cosa extraña es que no admite reservas, a diferencia también de otros instrumentos internacionales. Es incomprensiblemente el todo o nada. Y esperar cuatro años para terminar de retirarse, es un tiempo precioso que paralizaría inversiones.

Sobre los recursos para apoyar este acuerdo, no solo los Estados tendrán que financiarlo “voluntariamente” –lo que hoy es imposible no solo por parte del Perú que expliqué en el punto tercero-, sino que por el artículo 14, se podrá invitar “otras fuentes”, peligrosísimo financiamiento ¿De quiénes? ¿Qué responden a qué intereses? Sabemos que el que financia manda… Será nuestra espada de Damocles como instrumento de presión ¿No es también injerencia a la soberanía? La secretaría general del Acuerdo será ejercida por la CEPAL, a diferencia de otros convenios en donde democráticamente la secretaría es rotativa entre los países firmantes.

Si bien el acuerdo se refiere a derechos humanos y medio ambiente en todo el territorio nacional, no solo en la Amazonía, esta, en stricto sensu, forma parte de nueve países, y de nadie más. Decir que es patrimonio de la humanidad o pulmón del mundo es un sofisma, sí es una de las siete maravillas naturales del mundo y regula el cambio climático. Lo menciono así, porque las grandes potencias, de tiempo en tiempo, no ocultan su deseo intervencionista, como últimamente quisieron hacerlo con los infaustos incendios de Brasil y que son recurrentes, no políticas de Estado, pero se aprovechó para tratar de intervenir, con mentalidad colonialista, como dijo el presidente Jair Bolsonaro. ¿Acaso se dijo lo mismo con los también infaustos incendios en Australia y en otras partes del mundo como Tailandia, Siberia o Alaska?

Conclusiones

No se realizó un análisis económico-legal y costo-beneficio de dicho acuerdo. Los peruanos queremos saber cuánto nos hubiera costado.

Es conveniente que el Congreso de la República rechace el Acuerdo de Escazú, porque se inmiscuye en asuntos internos y atenta contra la soberanía, perjudica la propiedad privada de las comunidades y la inversión, afectando el desarrollo nacional.

Sin ratificarlo es posible tomar algunos puntos del acuerdo como recomendaciones, sin la necesidad de ser vinculantes. (*Exposición ante el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Gilmer Trujillo)

Publicado en la Revista Embajador

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